Los nuevos actores de la Ley 26.522

 

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La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, desde su sanción producto de largos debates y un trabajo integrador con la intervención de numerosos sectores sociales, ha sido sometida a críticas, defensas y deformaciones por parte de algunas corporaciones, que han reducido la expresión a “ley de medios” o “ley mordaza”, desvirtuando el verdadero sentido de una ley que por primera vez en décadas, ocupa el lugar de una ley anterior sancionada durante la dictadura militar. Aquí, Agustina López Sosa explica sus fundamentos.

Escribe: Agustina López Sosa

La ley 26.522 pretende brindar, desde su sanción tras un extenso período de debates con amplios sectores que sumaron su participación, un nuevo marco legal a los servicios de comunicación audiovisuales, regidos por la ley 22.285, heredada de la dictadura.

Apunta a desconcentrar y democratizar la propiedad de los medios e impulsa la creación de nuevos.

Desde la nueva Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual se considera a la “comunicación” como un derecho humano, al mismo nivel que los derechos a la educación a la salud o a la vivienda. La Ley considera que las actividades que se realizan en los medios son de interés público y esencial para el desarrollo de la población que tiene derecho a expresarse, recibir, difundir, e investigar informaciones, ideas y opiniones.

Para la Ley 26.522 el espectro radioeléctrico es un bien público y el estado es el regulador de las licencias y autorizaciones que les permitirán a los operadores hacer uso del espectro, por un tiempo limitado y bajo el control de la autoridad federal. Las frecuencias no son bienes que se puedan comercializar, por lo tanto no se permitirá la venta de frecuencias.

La LSCA estipula que “los servicios previstos por esta ley serán operados por tres (3) tipos de prestadores: de gestión privada con fines de lucro, de gestión estatal  y de gestión privada sin fines de lucro”.

1) De gestión privada con fines de lucro (Privados), para cada lugar del País no deben ocupar más del 33% de las señales emitidas.

2) De gestión estatal (Públicos), para cada lugar del País no deben ocupar más del 33% de las señales emitidas.

3) De gestión privada sin fines de lucro (ONG), para cada lugar del País no deben ocupar más del 33% de las señales emitidas.

Esta distribución del espectro constituye una novedad y tiende al pluralismo, o sea que distintas voces, distintas miradas tengan un espacio para su opinión. Además, la distribución del 33% implicará una cantidad importante de nuevos medios tanto analógicos como digitales y un desarrollo de la industria audiovisual nacional. Con esto también se busca evitar la concentración de las opiniones en pocos actores, o sea, evitar los monopolios de las comunicaciones.

Con la nueva Ley se favorece a la producción nacional, ya sea de músicos, actores, guionistas, cineastas, técnicos, etc. por la incorporación de cupos de emisión de material nacional.

Se prevé también la protección de los niños con la creación del Consejo Asesor del Audiovisual y la Infancia que propondrá sobre producciones para niños y estará alerta para advertir cuando no se cumplan los objetivos de preservación de los derechos del niño. También estará atento para evitar la discriminación en cualquiera de sus formas.

Con la nueva Ley se abre una nueva oportunidad de tener una herramienta deficiente pero surgida del consenso general y que está orientada a democratizar la comunicación, con la participación de los sectores tradicionalmente callados.